Lucro es un término que significa "sacar provecho o ganancia de algo". Se subentiende que el provecho es financiero. Porque si lucro se interpretara como "sacar provecho o ganancia" del trabajo educativo por parte del educando, tendríamos a todo el aparato estatal, gremial y ciudadano promoviéndolo. Sería muy pintoresco ver a los mejores alumnos recibiendo el premio al lucro, a las autoridades exhortando al lucro en ceremonias solemnes y los paros estudiantiles desterrados de la agenda por generar lucro cesante a los estudiantes.
Se argumenta que la educación es un derecho fundamental, cuya función es perfeccionar las facultades intelectuales, morales y cognitivas de una persona. Llama la atención que el desarrollo de su cuerpo, de su sensibilidad, de su creatividad y de sus maneras no sea mencionado, aunque la ley sí lo hace. Es frecuente también escuchar el razonamiento que siendo la educación un derecho fundamental, debiera ser gratuita y buena para todos. Los más moderados exigen que al menos se efectúe sin fines de lucro. El lucro en la educación se describe como la explotación económica de una organización educacional (incluidos sus integrantes) para generar retorno financiero a sus dueños.
En todas estas afirmaciones se deslizan simbolismos y asociaciones ideológicas que generan fuertes reacciones emocionales, haciendo muy dificil aplicar las capacidades racionales para sostener un diálogo cuerdo y desentrañar la maraña. ¿Por qué el ser un derecho fundamental implicaría no sólo proscribir el lucro, sino además declarar la gratuidad? ¿Qué importancia tiene que se autorice o no el lucro en la actividad educacional? ¿Contribuirá la gratuidad a que la educación sea buena para todos?
La gratuidad asegura el acceso expedito y estable al sistema escolar, minimizando el efecto de las fluctuaciones en la situación financiera de cada familia. Pero eso no es nada nuevo. La actual educación municipal ya es gratuita. ¿Qué se gana con ampliar la gratuidad? Recordemos que la gratuidad no extingue el costo, sólo lo hace imperceptible a los ciudadanos, ocultándolo en la maraña municipal y estatal. Ampliar la gratuidad implicaría cobrar más impuestos para financiar lo que ahora se paga directamente. El costo no desaparece, más bien aumenta por el peso adicional de la burocracia que tendría que administrar el sistema, por la ineficiencia que implica la centralización del control y por la falta de transparencia del Estado, que hace que muchos recursos se desvíen en otras direcciones. Peor aún, hay un alto riesgo de subsidiar a los que pueden pagar, como suele ocurrir cada vez que los costos se ocultan. Siguiendo este razonamiento de derecho fundamental gratuito, ¿por qué no proveer gratuitamente desde el Estado entonces la alimentación, el agua, la energía, el vestuario, la vivienda, todos críticos para la vida? La práctica consagra desde tiempos inmemoriales un sistema de regulación monetaria descentralizado en estos ámbitos, que permite una asignación eficiente de los recursos dejando al Estado sólo una función de prevención de la falta de transparencia o de competencia en el sentido económico. ¿Por qué tendría que ser distinta la educación? El sistema de colegios privados sin subvención, privados con subvención, y estatales municipales gratuitos se autorregula en función de la capacidad de pago de los ciudadanos. No veo razón para ampliar la gratuidad. Si se invierte en la educación gratuita elevando sus prestaciones, automáticamente se producirá una presión competitiva sobre los otros segmentos si es que quieren mantener su posición relativa actual. ¿por qué habría de enviar una familia a sus hijos a un colegio pagado a un determinado precio si puede acceder a una buena educación en un colegio de menor precio o gratuito?
Por otra parte, proscribir el lucro tampoco parece realista. Siendo el lucro algo tan cotidiano y universal como obtener una ganancia de casi cualquier actividad que requiera trabajo e inteligencia para atender a las necesidades de otras personas, ¿por qué se rechaza en la educación? La mayor parte de las personas lucra con sus actividades. Sin embargo, dado que la palabra "lucro" es ajena al léxico de muchas personas, parece haberse instalado en sus mentes una nueva interpretación ajena a su significado habitual, confundiéndola con la usura. La usura es el cobro de precios abusivos en una transacción financiera efectuada entre personas en situación muy desigual de poder, amparándose en la desinformación o la falta de competencia económica.
Si lo que se quiere es proscribir la usura, en buena hora. El punto sensible se da en el caso de algunos empresarios educacionales especialmente inescrupulosos, y de otros tantos que han operado sus colegios con criterios de explotación, en ambos casos con subsidio del Estado. Es altamente probable que la falta de exigencias de formación y trayectoria para operar como sostenedor educacional haya facilitado la aparición de estos personajes y sus prácticas destructivas. Mirando a otros campos, aunque el ejercicio de la medicina está taxativamente vedado a personas que no tengan un título de médico, se forman grandes empresas que contratan médicos para prestar servicios de salud, de propiedad a su vez de personas completamente ajenas a la medicina. Pero no se ven pequeños consultorios donde el médico sea empleado de un "sostenedor" de escasa educación. La LOCE consagró con esta "libertad de emprender" la óptica de la casta gobernante de aquel tiempo que interpretaba las exigencias de idoneidad mínima para actuar en la educación como simple impedimento a la libre competencia, dejando entrever el desprecio implícito de la educación como actividad profesional.
La proscripción del lucro es irrelevante. Ya se ha visto en el "mercado" universitario que la condición de organizaciones sin fin de lucro de las corporaciones privadas no ha sido ni será obstáculo para que éstas lo generen mediante mecanismos simples a sus controladores. Los cambios relevantes son más bien elevar la inversión social en educación, proveer de mecanismos eficientes para lograr que dicha inversión produzca los resultados esperados, y prestar mayor atención a los métodos educativos utilizados.
- profesores que tengan la capacidad, la autonomía y el trato social que hoy se dispensa a los médicos, con las exigencias formativas que hagan posible este cambio, y las remuneraciones que correspondan. En la sociedad del conocimiento, hay que invertir en conocimiento encarnado en personas creativas en primer lugar, y recién después en la información y las máquinas de soporte de su quehacer.
- mayores exigencias de educación de las personas para operar establecimientos educacionales, acordes con la importancia y dignidad de la función educativa, en analogía nuevamente con la medicina.
- Reemplazo paulatino de los modelos autoritarios que conciben la educación como una gigantesca línea de montaje, donde un poder central obliga a los actores educacionales a centrar su atención en contenidos estáticos preestablecidos fragmento por fragmento, al margen de su sentido y contexto local y dinámico, y evaluando por lo que se dice antes que lo que se hace. Los nuevos modelos apuntarán a la construcción de competencias en actividades de final abierto, de complejidad creciente, de un valor tangible para sus actores, preparándolos para la comunicación, el trabajo conjunto, la innovación y la acción con responsabilidad social.
- una legislación más severa en caso de malas prácticas y un sistema de evaluación del desempeño que no sólo "mida" el mínimo uniforme para todos, sino también la originalidad de cada proyecto educacional. El tema es la innovación.
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