La nueva oposición

He escuchado a nuestros estudiantes rechazar con convicción al conjunto de la clase política, los que ejercen las funciones de gobierno, legislación y diálogo político. La oposición ya no es la fracción del parlamento correspondiente a los partidos no gobernantes: está en la calle, en las universidades y colegios, en las ventanas que emanan la música de las cacerolas.

El gobierno hace propuestas que esta oposición rechaza de plano, sin discriminar "partes buenas" o "malas". Intenta escuchar, pero no entiende el fondo de lo que estos jóvenes respaldados claramente por sus familias demandan: ¡CAMBIO DE MIRADA! Antes de cualquier medida técnica de cómo legislar o financiar cambios, quieren declaraciones de principios orientadores.

Luego de la crisis de 1973, quienes se hicieron del poder real, cambiaron definiciones básicas. El Estado pasó de ser el ente protector a ser considerado la fuente de la pobreza, el agujero negro de los recursos del país. Se introdujo el concepto de Estado subsidiario, es decir, los actores "privados" (curiosa denominación ésta) tendrían la iniciativa, y el Estado tendría un rol sólo compensador en aquellas áreas donde la interacción entre los actores privados actuando como agentes económicos (el mercado) no fuera "suficiente". La libertad de elegir pasó a ser la gran panacea.

Treinta y tantos años después, nos encontramos con un país más rico, pero donde la libertad enriqueció mucho más a los más capaces y a los ya poderosos. La libertad creó desigualdad.

Nos encontramos con un país donde el interés privado subordinó lo público al lucro, y en gran escala. Se leen y escuchan argumentos imbéciles alegando que "todos lucran", eludiendo hacerse cargo del fondo de la queja: el retorno patrimonial del inversionista tiene prioridad por sobre la satisfacción de la necesidad pública encomendada, lo que desprotege precisamente a los más pobres.

La ley de Universidades de 1981, que las declaró sin fines de lucro, descansaba en un cierto sentido común que aún predominaba: era impensable comprar y vender Universidades. Eran instituciones, no empresas, es decir, tenían un fin público, no privado. La Universidad se pensaba como una contribución social, como una forma de donación, nunca como una plataforma de negocios. ¡Cómo cambió eso con los años!

Las organizaciones que han operado maliciosamente al amparo de esa ley se presentan como benefactoras que han dado oportunidad a miles de estudiar una profesión y mejorar sus condiciones de vida. Con ese argumento, La Polar podría alegar que lo importante es que dio acceso al consumo a miles de chilenos que no tenían crédito. Pero el punto es otro. Los recursos para la educación siempre son escasos. No importa cuánto se invierta, siempre es posible idear actividades o requerir recursos que pueden profundizar el aprendizaje o la capacidad creativa. Infraestructura, viajes, equipamiento, financiamiento de proyectos, maestros venidos de los mejores lugares, siempre es posible invertir más. Según la ley, todo lo que el Estado y las familias destinaran a educación, debía invertirse en las instituciones. Los miles de millones que han salido de la Educación a engrosar los bolsillos y el poder político de unos pocos son por ello un fraude a la sociedad chilena. Las declaraciones del Ministro de Educación acerca de que se hará cumplir la ley en su letra y espíritu resultan aún incongruentes con sus propios gestos corporales, lo que unido al poco entusiasmo del resto del Gobierno sobre este punto, da mínima credibilidad a sus palabras.

La "libertad de elegir la educación" es otra falacia engañosa que desinforma y confunde. Nos muestran la "oferta educativa" de la misma manera que las ofertas turísticas. Ud. puede hacer sus vacaciones viajando hacinado en un bus urbano "charter" o en primera clase de un línea aérea. Cada cual compra lo que puede. Así, el Estado no tiene que garantizar ni igualdad de oportunidades ni convergencia cultural, tan sólo subsidios de muy poca monta frente a lo que invierten las familias de más recursos. El Estado queda despojado completamente de su rol de articulador de la convivencia y conservación de la identidad nacional. Así, sólo eligen los que tienen el dinero para financiar sus expectativas. Para los demás, la elección no existe, y lo que el Estado garantiza no satisface a nadie.

Las demandas de los estudiantes se pueden resumir quizás en una sola: no al lucro en gran escala con los bienes públicos. Proveerlos es tarea del Estado.

Sin embargo, es altamente improbable que los actuales gobernantes modifiquen aquello que ha sido su credo y fuente de prosperidad. Lo que sí podemos prever es que el mensaje del próximo gran líder de cambio en Chile ya está definido.